Crédito del mapa: CBN News
Mexico:
Según los informes, una mujer cristiana protestante fue atada a un árbol y golpeada brutalmente por los líderes de su aldea en el estado de Hidalgo, México. El horrible ataque la dejó en estado crítico con graves heridas internas.
La persecución religiosa ha tenido lugar en el área porque la mayoría católica ha estado tratando durante años de expulsar a los vecinos protestantes minoritarios u obligarlos a participar en actividades católicas.
Christian Solidarity Worldwide (CSW), un organismo de control de la persecución, informa que María Concepción Hernández Hernández, miembro de la Iglesia Bautista Gran Comisión en la comunidad de Rancho Nuevo, Municipio de Huejutla de los Reyes, se encuentra actualmente en cuidados intensivos. No se le permite recibir visitas de otros aldeanos.
Hernández fue atacada luego de que visitara la parcela que posee. Un vecino le había pedido que quitara dos árboles de la propiedad.
Desde 2015, las autoridades locales han prohibido a los miembros de la minoría religiosa protestante acceder a sus tierras o utilizarlas para cultivar, según CSW .
Solidaridad Cristiana nombró a los líderes locales en Rancho Nuevo que están acusados de perpetrar el ataque. Ellos incluyen a Benito Rocha, el líder comunitario Fermín Hernández Hernández, el delegado Octaviano Gutierrez Hernández, Margarito Gutierrez Hernández, Francisco Wenses y el catequista Juan Hernández Hernández. Todos pertenecen a la mayoría religiosa católica romana del pueblo.
No se han realizado arrestos a pesar de que los agresores fueron nombrados en las denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y la Fiscalía del Estado de Hidalgo, según el organismo de control.
Cuando el pastor Rogelio Hernández Baltazar pidió a la policía que detuviera el ataque, al parecer también fue agredido físicamente y detenido por las autoridades durante varias horas.
Los líderes locales de la aldea exigieron que Baltazar entregara las escrituras de diez lotes de tierra pertenecientes a miembros de la iglesia bautista. Cuando el pastor se negó a hacerlo, las autoridades amenazaron con tomar los documentos por la fuerza y confiscar las propiedades.
“La vida de una mujer pende de un hilo y una comunidad vive con miedo porque, a pesar de la amplia evidencia de graves violaciones a la libertad de religión o creencias (FoRB) en Rancho Nuevo durante más de siete años, las autoridades mexicanas no han intervenido. En cambio, los funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo, bajo el mando del gobernador anterior, han negado públicamente durante años la existencia de casos de intolerancia religiosa en el estado”, señaló Anna Lee Stangl, jefa de defensa de CSW.
"Responsabilizamos a estas autoridades, junto con las personas directamente involucradas en el ataque, por los eventos del 21 de diciembre", continuó Stangl. "Hacemos un llamado al gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar para que se asegure de que su administración tome medidas rápidas para llevar ante la justicia a los responsables de este brutal ataque y las continuas amenazas contra miembros de la minoría religiosa en Rancho Nuevo".
"Instamos a la gobernadora Menchaca Salazar a trabajar en estrecha colaboración con la comisión estatal de derechos humanos y los funcionarios federales de asuntos religiosos para implementar políticas que reconozcan la existencia de violaciones graves de la libertad de expresión en Hidalgo y desarrollen formas efectivas y oportunas para abordarlas de acuerdo con las protecciones legales de México. por los derechos humanos", añadió Stangl.
Según CSW , Rancho Nuevo es una comunidad indígena de habla náhuatl que se rige bajo la Ley de Usos y Costumbres. La constitución mexicana garantiza la LdF y otros derechos humanos a todos los ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno mexicano, tanto a nivel federal como estatal, hace poco para garantizar que se respeten estas protecciones. Como resultado, en muchas comunidades, una mayoría religiosa intenta imponer la uniformidad religiosa con consecuencias que varían en severidad para los miembros de las minorías que desean practicar una religión o creencia de su elección.
La investigación de CSW ha demostrado que Hidalgo tiene una de las tasas más altas de casos de intolerancia religiosa en el país.
Como informó CBN News en septiembre de 2021, dos familias cristianas protestantes fueron amenazadas por sus vecinos después de celebrar servicios de adoración en la casa de un pariente. Las dos familias, que son miembros de la Primera Iglesia Bautista en una ciudad cercana, fueron amenazadas con la interrupción de sus servicios esenciales.
